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¿Cómo y cuándo se notifica el derecho a fijar la forma de participación en la junta de compensación en Andalucía?

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Afrontaremos, de forma sucinta, la formula que emplea nuestra normativa urbanística andaluza (Ley número 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía, en adelante LOUA) para regular el derecho que asiste a todo propietario afectado por una unidad de ejecución para decidir la manera de su participación en una Junta de Compensación.

Para lo cual debemos, por una parte, invocar la disparidad existente entre la «audiencia» a los afectados y la «información pública»; y, por otra, tendremos que acudir a la anunciada regulación pergeñada por nuestra normativa urbanística autonómica en un punto que si bien su fin puede ser idóneo, no parece muy acertado el procedimiento previsto para su consecución.

La «información pública» y la «audiencia» son trámites que obedecen a distinta finalidad, y que están sometidos a diferente régimen jurídico. Así, mientras el primero es el cauce formal de la participación ciudadana -para que cualquiera pueda aportar cuantas sugerencias, alegaciones y datos contribuyan al acierto del acto administrativo o de la disposición general- y para el que se prevé, con carácter general, un plazo mínimo de veinte días (20); el segundo (audiencia), trata de dar oportunidad a los que ostenten la condición de interesados, de defender sus derechos o intereses legítimos, otorgándosele un plazo que oscila entre diez y quince días para ello, fundada en un título jurídico singular, que tiene una finalidad de garantía de intereses concretos y específicos.

En la información pública predomina la idea de la garantía del interés general y público; y en la audiencia, la garantía de los derechos e intereses de los particulares.

Este sería, en pocas palabras, el predicado latente en los artículos 84 («audiencia») y 86 («información pública») de la Ley número 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (LRJPAC).

Ahora, según dijimos, procedería retomar la cuestión sobre la que exhortamos cavilar. Posicionémonos ante una actuación sistemática (hoy denominada «actuación urbanizadora integrada en unidad de ejecución», “a sensu contrario” del artículo 143 de la LOUA), a desarrollar por el sistema de compensación, y en la que hay que constituir una Junta de Compensación. Ante tal supuesto fáctico, la Administración urbanística actuante (normalmente Ayuntamiento) tiene que conceder un lapso de tiempo en el que los propietarios puedan ejercer ese Derecho a la forma de participación en la Junta de Compensación (textualmente se exige que «Los propietarios que no lo hubiesen hecho con anterioridad deberán decidir, individual o colectivamente y durante el periodo de información pública tras la aprobación inicial de los estatutos y las bases de actuación, si participan o no en la gestión del sistema ...», optando por alguna de las alternativas que cita el artículo 129.3 de la LOUA).

Y entonces puede emerger un enigma: ¿se ha de notificar a los propietarios afectados con indicación del Boletín Oficial de la Provincia en el que se ha insertado una copia de los Estatutos y Bases de Actuación? (vid artículo 161.3 del Reglamento de Gestión Urbanística -RGU-, aprobado por Real Decreto núm. 3288/1978, de 25 de agosto).

Por una parte, este tipo de notificación lo exige el RGU y no la LOUA, por lo que si no tiene perfecto encuadre tendremos que considerar derogado, para nuestra Comunidad Autónoma, esa necesidad de notificar con indicación del Boletín Oficial (ex Disposiciones Transitoria Novena y Derogatoria, ambas de la LOUA).

La cuestión se formularía de la siguiente forma:

Presentado a trámite un Proyecto de Estatutos y Bases de Actuación por un promotor, el Ayuntamiento ha de realizar, entre otras, las siguientes tareas: Someter a información pública (por plazo de veinte días -ex artículo 86 LRJPAC-) esos proyectos. Tras ese acto, tendría (ex artículo 161.3 del RGU) que notificarse a los propietarios afectados por la unidad de ejecución de la aprobación inicial de los Estatutos y Bases de Actuación con indicación del Boletín Oficial de la Provincia en el que íntegramente se han insertado para que plazo de quince días puedan alegar lo que a su derecho convenga («audiencia»).

Y surge el dilema: Puede acontecer que el período de información pública concluya, que el propietario afectado no haya recibido notificación para realizar sus alegaciones y, consecuentemente, que haya expirado el plazo para determinar la forma de su pertenencia o no pertenencia a la Junta de Compensación, pudiendo irrogarse con ello indefensión, puesto que no pueden ya decidir (ex artículo 129 de la LOUA) si:

a).- Participa en la gestión del sistema adhiriéndose a la Junta de Compensación, en constitución, y asumiendo los costes de urbanización y los de gestión que les correspondan, optando entre abonar las cantidades que por tal concepto les sean giradas o aportar parte del aprovechamiento lucrativo en pago de los costes de urbanización.

b).- No participa en la gestión del sistema, silenciando su posición (caso en que se aplica la Reparcelación forzosa) o solicitando o bien la expropiación de derechos afectos a la gestión de la unidad de ejecución de que se trate, o bien eligiendo se le aplique la Reparcelación forzosa.

En suma, el párrafo 1º del artículo 162 del RGU, entendemos, debemos interpretar que en vez de los quince días que textualmente previene sea de veinte días el plazo de información pública para que esté acomodado a los postulados de la LRJPAC. Que el párrafo 3º del artículo 161 del RGU estimamos que debemos entenderlo derogado, dado que sería inconcebible que pudiera acontecer el precedente supuesto de hecho, mermándose garantías al interesado necesario en lo atinente a su derecho a decidir la forma de su participación en la Junta de Compensación.

Otros, en contra de lo previsto por la LOUA, consideran que el plazo para decidir la incorporación y la forma de participación será de 15 o 20 días a contar desde la notificación individualizada de los Proyectos de Estatutos y Bases de Actuación (correlacionando el artículo 162.1 del RGU y el artículo 129.3 de la LOUA). Sin embargo, la Ley (principio de jerarquía normativa) es obvia y palmaria al impetrar: «... deberán decidir, ... durante el periodo de información pública (...)». Y ya hemos enunciado la disimilitud entre el instituto de la información pública y el de la audiencia.

En la práctica nos encontramos con muy variadas soluciones, que ponen de manifiesto la opacidad legal de este procedimiento, a saber: El Ayuntamiento de Granada, permite la incorporación en el plazo de veinte días desde la notificación individualizada a los propietarios afectados (y no desde la información pública). El de Huelva, opta por ampliar aún más el plazo anterior y consentir la incorporación en el plazo de un mes desde la notificación del acuerdo de aprobación definitiva (aplicando el artículo 162.5 del RGU). El de Almería autoriza la incorporación en el plazo de quince días desde la notificación individual del acuerdo de aprobación inicial, indicando el BOP en el que se insertó. El de Sevilla, habilita la incorporación sólo durante el período de información pública de la aprobación inicial de Estatutos y Bases. Y, finalmente, el de Málaga admite la incorporación hasta transcurridos quince días desde la notificación personal del acuerdo de aprobación inicial de Estatutos y Bases de Actuación.

Desde estas líneas se insta al legislador autonómico para que uniforme este caos procedimental, estimando, nosotros, que está derogado el artículo 161.3 del RGU en Andalucía y debiendo, la Administración, primero dar audiencia a los afectados indicando que se publicará el Proyecto de Estatutos y Bases y poniendo a su disposición una copia en el propio Ayuntamiento, para después pasar a la información pública en la que poder ejercer el derecho de cómo pertenecer o no a la Junta de Compensación.


Ángel Cabral González-Sicilia (Col. nº A-5.336)

Abogado

Socio de Bufete Génova

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